Finalmente, el Gobierno decidió hacer desaparecer a la Ley de Alquileres. Para eso, se evaluará un proyecto superador a esta normativa que generó una gran polémica tanto desde el punto de vista de los propietarios como de los inquilinos en todo el país.

En el marco de las conversaciones entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, algo quedó en claro: la controvertida ley que regula los alquileres se debe modificar, aunque todavía no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país.

La medida se terminó ejecutando a pesar de que hace varios meses venía circulando el rumor en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó en casi tres años un 245%.

La inflación, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama de los propietarios e inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato. En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, se acordó dar de baja la controvertida ley de alquileres, que fijó reglas la de los tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

La actualidad golpea a todos los sectores ya que el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler por el que en julio de 2020 se pagaba $50.000 mensuales, hoy tiene un valor de $122.500.