El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el informe “Pobreza multidimensional y pobreza por ingresos desde un enfoque de derechos sociales”, que extrae datos desde el 2010, alertando un marcado aumento en la indigencia y malas condiciones de vida.

En la última década la Argentina se ve sometida a condiciones macroeconómicas agudas, que no mejoran debido a la inflación con 18 millones de personas en situación de pobreza y 3,3 de indigentes, aunque la ayuda estatal impidió un panorama más grave. 

Según el informe, el Derecho social a formar parte de una sociedad de iguales permite medir el grado de inclusión de la población a través de seis dimensiones fundamentales de acceso a funcionamientos o bienes y servicios fuente de desarrollo humano, a saber: la salud y alimentación, saneamiento y energía, servicios de la vivienda, medio ambiente saludable, recursos educativos y trabajo y seguridad social.

En el país existe un mayor porcentaje de población que tiene un trabajo formal pero que es pobre y más personas cubiertas por planes sociales, a pesar de que el gobierno lo utilice como un logro, es la evidencia del empeoramiento de las condiciones laborales precarias, según Agustín Salvia, Director del Observatorio de la UCA.

La población pobre aumentó de 42,3% a 43,1% el último año y la indigencia bajó del 9% al 8,1%, aunque los datos resultan muy inestables debido a la inflación que crece un 7% cada mes, según detalla el informe. Al final del mandato del ex presidente Mauricio Macri en el 2019 la pobreza tocaba el 39,8% y la indigencia el 8,4, pero al atravesar la pandemia y la cuarentena, el Gobierno actual sopesa un 44,7 y 9,8 respectivamente en 2020. 

“La relación entre empleo y PBI se está volviendo regresiva y eso se compensa con transferencias sociales”, dice Salvia y agrega: “Hay una fuerte heterogeneidad al interior de los salarios: aumentó la desigualdad entre los asalariados”.

El grupo etario mas afectado resulta ser el de los jóvenes hasta 17 años, evidenciando un nivel de pobreza del 69,5% y un 13,1% de indigencia entre el 2010 y 2022, contra las personas mayores de 60 años, con un 61,6 y 1,6 respectivamente.

“La indigencia se sostuvo por el aumento de los planes sociales, mientras que desde 2013 aumentó la pobreza en forma sistemática”, expresó Salvia y sostuvo: “Entre los nuevos pobres aumentaron más los casos de depresión por el empeoramiento en las condiciones de estabilidad”, quien también expresó que la raíz de la brecha social es la ausencia de la estabilidad macroeconómica y la persistencia de un "modelo fallido de desarrollo".