Cuando uno presencia los tira y aloja entre el gobierno y el Poder Judicial, en realidad asiste a una suerte de combate boxístico, pero con el ring side vacío, sin público, con rating cero. La imagen pública del gobierno, y no de este gobierno solamente, sino de la política en general, es subterráneo. La sociedad no cree en los políticos ni en los gobiernos, sus expectativas sobre lo que harán por cada uno de los mortales es mínima.

El Poder Judicial no le va en zaga. La lectura de la sociedad sobre su eficiencia e intenciones es mas reducida aun que respecto al gobierno. La Justicia lleva también, años de decadencia y su minúscula imagen pública lo refleja. Jueces que no quieren pagar los impuestos que pagamos todos, que no juzgan a unos pero si a otros, juicios que no terminen nunca más: la Justicia perdió valor frente a los justiciables.

De entre los últimos estudios de opinión que se hicieron públicos, la Universidad de San Andrés difundió en 2019 un trabajo de campo en el que se concluyó que el 77% de la muestra estaba “insatisfecho” con el desempeño del Poder Judicial. El mismo estudio colocaba el grado de insatisfacción sobre el Poder Ejecutivo en 63%.

Tal vez esta diferencia, en apariencia favorable, junto con otros compromisos políticos alentó al presidente de lleno a una pelea que al menos es pareja: ninguno de ellos tiene anclaje social.

Pero en definitiva a nadie le importa mucho, mas que para indignarse si atacan a los jueces los opositores férreos o si los jueces son mala gente, los oficialistas duros. Pero las personas que trabajan todos los días para su sustento parecen tener otras necesidades, relacionadas con llegar a fin de mes o a moverse seguro por la vía pública. A nada de esto responde la política ni la Justicia.

La imagen pública no es poca cosa, determina el real grado de “audiencia” que tiene esta pelea, más allá de los protagonistas y también de los periodistas que seguimos el minuto a minuto. Atrás se suma un tercer contendiente con la actuación estelar de Oscar Parrilli y la comisión investigadora de jueces: el Congreso, cuya imagen negativa sería, siempre recurriendo al mismo informe del 73%.

En medio, el gobierno pone en juego una herramienta muy interesante, para incomodar a los jueces: el juicio por jurados para las causas de corrupción. Sería realmente deseable que el pueblo juzgue a los corruptos, y no los jueces que en definitiva están en medio de esta batalla de “malos”. Pero es también una ilusión.

Para que el pueblo se componga en jurados, como lo ordena la Constitución desde hace más de un siglo, los políticos tienen que instrumentarlo desde el Congreso, corriendo el riesgo de ser juzgados por jurados populares en el mediano plazo. Y siempre es mejor que eso, un juez amigo.

Por último, si en definitiva tal cosa se produjese, empezaría el debate sobre la credibilidad del jurado. Si alguno de ellos llevó un sobre a un ministerio alguna vez porque trabajaba de cadete, sería atacado por oficialista, y si algún otro tuvo una prima que trabajó como niñera en la casa de un dirigente del PRO, sería tildado de opositor. En ambos casos, denigrados, sometidos a escarnio público y degradada la credibilidad del jurado y del sistema de jurados de ahí en adelante.

Parece ser que la Argentina necesita menos peleas sin audiencia, del micromundo político-judicial y un poco más de ideas novedosas para sacar a la gente de sus necesidades, para que las instituciones recuperen crédito, porque es el único modo que un país funcione.

                                                                                                                                                                        Por Horacio Minotti