Lo primero que hay que considerar es que la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y que hoy la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional es de 2006. Esto indica algo claro: se buscó la oportunidad política para sacar el fallo.

Lo segundo a tener en cuenta es que los altos magistrados no descubrieron la pólvora: la ley que determina la modificación de la composición del Consejo es abierta y explícitamente insconstitucional.

El artículo 114 de la Constitución dice en su segundo párrafo: "El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".

Cuando un organismo que según puede leerse arriba, debe guardar equilibrios entre estamentos, y queda compuesto por 13 miembros de los cuales 7 viene de la política (entre representantes de las Cámaras del Congreso y del Poder Ejecutivo), no hay equilibrio posible.

Para la Corte Suprema, la Argentina estuvo seleccionando jueces durante 15 años, con un órgano cuya composición es inconstitucional. Datazo, podrían haberse apurado un poco, porque la institucionalidad quedo destrozada y la legitimidad de los jueces elegidos por esta formación (a esta altura casi todos habiendo pasado 15 años) está por el subsuelo.

Mientras tanto el gobierno ya pergeñaba una norma para reformar el Consejo, pero ahora tiene apuro, porque dentro de cuatro meses corridos, según el fallo del Alto Tribunal, toda decisión de este Consejo será nula. La palabra "corridos" tiene un sentido. En enero el Congreso no trabaja y en lo que queda de diciembre es imposible pensar que haya una ley nueva sobre semejante tema. Le quedan al gobierno, dos meses y medio.

Ahora bien, la reforma deberá pasar por un Congreso donde al Ejecutivo le esta costando pasar una ley de Presupuesto. Su proyecto para componer el organismo que designa a los jueces, va a atravesar un campo minado de condicionamientos y exigencias de modificaciones de una oposición que ha adquirido fuerza parlamentaria en las últimas elecciones.

La Corte metió al gobierno en un brete y en un apuro, mientras llegan mensajes desde la administración de Alberto Fernández de reforma de la propia Corte, pero la pregunta es como. Otra vez el Congreso, en el que hay fuerzas parejas con la oposición, sería el escenario de esos cambios, lo que los hace imposibles. Incluso cuando Juntos esté de acuerdo en cambiar el número de miembros, no será algo que habilite en esta gestión.

La visita del ministro de Justicia, Martín Soria, la semana pasada, que nadie sabe como se desarrollo sino por las palabras del propio rionegrino, no parece haber ayudado mucho, especialmente después de que a la salida, vilipendió a los magistrados impiadosamente.

La Corte empieza a tomar un protagonismo de esos que por épocas, suele tener en la vida institucional. Como en el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando se declaró inconstitucional el corralón y la gestión tambaleó.