Lo primero que hay que considerar es que la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y que hoy la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional es de 2006. Esto indica algo claro: se buscó la oportunidad política para sacar el fallo.

Lo segundo a tener en cuenta es que los altos magistrados no descubrieron la pólvora: la ley que determina la modificación de la composición del Consejo es abierta y explícitamente insconstitucional.