Justicia recibió el primer planteo de inconstitucionalidad contra las leyes que modificaron el sistema de medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de Casación, parte de la reforma judicial impulsada por el Gobierno Nacional.

La presentación la realizó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y se trata de una acción "colectiva" en representación de "todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial", y exigió una medida cautelar que le prohíba al gobierno la promulgación y publicación de las leyes aprobadas en el Congreso.

Tras el sorteo, la causa quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.

Gil Domínguez hizo la presentación en "carácter de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo y profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires".

"Vengo a promover la presente acción de amparo preventivo contra el Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional respecto del proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte", sostuvo en su escrito.

El letrado cuestiona "el proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal sancionados por el Congreso de la Nación y próximos a ser promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional".

Se trata de normas "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo".

En el escrito pidió "la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial".

"Los proyectos sancionados por el Congreso que establecen el régimen regulatorio de las medidas cautelares contra el Estado afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina", según el constitucionalista.

Algunos derechos, según la presentación, podrían verse afectados por el régimen de medidas cautelares, y entre ellos mencionó el "derecho de trabajar, a formar sindicatos, a ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a la reunión, a la educación, la garantía de la autonomía y autarquía universitaria, a la integridad personal, a entrar, circular, permanecer, residir y salir del territorio, a la expresión y al acceso a la información sin censura previa".

Ante la creación de nuevas cámaras de Casación, el abogado explicó que la ley "establece que los recursos de casación e inconstitucionalidad proceden contra las medidas cautelares y que la concesión de ambos recursos, suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la Cámara de Casación respectiva dicte sentencia".

"Por ende, una persona que obtuvo una medida cautelar en Primera Instancia, que fue suspendida por la apelación estatal, que luego fue confirmada por la Cámara de Apelación, vuelve a tener suspendida la medida cautelar por un nuevo recurso estatal hasta que la Cámara de Casación resuelva. Esto conlleva, lisa y llanamente, la muerte definitiva e indigna del derecho a la tutela judicial efectiva cautelar", detalló.

Se trata de la primer presentación más allá que entidades de jueces y abogados ya anunciaron que próximamente interpondrán medidas cautelares contra las leyes ya aprobadas y otras que esperan tratamiento del Senado como son los cambios en el Consejo de la Magistratura.