El gobierno bonaerense formalizó el traspaso de la concesión de la Autopista Buenos Aires-La Plata de la órbita nacional a la provincial, por un plazo de hasta 30 años, en medio de un fuerte conflicto con la licenciataria.

La decisión fue dispuesta en el marco de la “readecuación de la red vial al desarrollo urbano y productivo de la provincia”, justo en momentos en que el gremio de los trabajadores de peajes inició un paro por tiempo indeterminado por la falta de pago de los sueldos de diciembre.

Durante una reunión de trabajo en la Residencia de la Gobernación, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, detalló que en los próximos días se firmará un decreto que fijará como autoridad de aplicación a esta cartera y reemplazará, desde febrero, la función que hoy cumple el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

“El problema con Coviares viene desde hace muchos años. Nos presentamos a la justicia para retrotraer el peaje a los 2 pesos históricos y solicitamos un veedor para dirigir el dinero y poner en marcha las obras. Pero la justicia no hizo lugar a nuestra solicitud”, enfatizó el concejal de La Plata, del Frente para la Victoria, Gustavo Luzardo.