El 21 de septiembre, entre 25 y 30 personas con camperas verdes con inscripciones del Sindicato de Camionero ingresaron por la fuerza al predio de la empresa de transporte Milo, ubicada en la ciudad bonaerense de Avellaneda, y agredieron brutalmente al dueño de la firma y al personal de seguridad que intentó asistirlo. Además de esto, los gremialistas arrojaron todo tipo de objetos que encontraron en el lugar, insultaron y amenazaron a los trabajadores.

En el ataque, seis trabajadores fueron heridos. Uno de ellos es una mujer a quien la tiraron al piso y la golpearon. Uno de los lesionados presenta heridas cortantes en la pierna y hematomas en el rostro; otro tiene cortes a la altura de las cejas, lesiones a la altura de la nariz; y el resto presenta golpes en distintas partes del torso, lesiones en la rodilla y golpes en todo el cuerpo.

Luego de la agresión, los sindicalistas se reagruparon en la vía pública. En seguida, un móvil policial con un subcomisario y un oficial inspector llegaron a la locación y solicitaron que envíen apoyo de forma inmediata. Posteriormente, llegaron al lugar siete efectivos en moto del Grupo Motorizado de Avellaneda, quienes intentaron contener y disuadir a los agresores.

Solange Cáceres, fiscal de la UFI descentralizada de Avellaneda, es quien interviene por el hecho. Ella ordenó que se le tomara declaración testimonial a las personas agredidas, además de que sean revisadas por los médicos legistas de la policía a fin de calificar las lesiones, entre otras medidas.

Luego de que la situación fuera controlada, la policía llevó al grupo del sindicato de Camioneros a una esquina cercana donde realizaron una asamblea. También parece que la policía logró establecer quiénes fueron los incitadores de los hechos, por lo que sus nombres y demás datos filiatorios ya fueron puestos en conocimiento de la fiscalía. Hasta el mediodía de este lunes, el grupo agresor permanece en las inmediaciones de la empresa Milo.

Estos hechos se suman a los continuos bloqueos a empresas que se ven perjudicadas por estas prácticas extorsivas de los sindicatos en momentos en que la economía argentina está jaqueada por la inflación.