Tres latigazos en una semana: la Corte Suprema de Estados Unidos dejó de reconocer el aborto como una prerrogativa constitucional, revocó la ley de Nueva York que restringía el derecho de portar armas y, en un país que se vanagloria de ser laico desde su fundación, acortó la separación entre la Iglesia y el Estado al permitir que fondos públicos sean utilizados para mantener escuelas religiosas. Las sentencias del máximo tribunal, dominado por la mayoría conservadora heredada del gobierno de Donald Trump, despertaron indignación y aplausos por partes iguales. Señal de una polarización que excede el ámbito judicial.

Trump tuvo la extraordinaria posibilidad de nombrar a tres jueces afines a los ideales republicanos: Amy Coney Barrett en 2020, Brett Kavanaugh en 2018 y Neil Gorsuch en 2017. Dejó un campo minado con seis magistrados conservadores y tres liberales, designados por demócratas. Los muchachos trumpistas siguen fieles a su legado, más allá de que un comité de la Cámara de Representantes haya demostrado que conspiró contra su propio vicepresidente, Mike Pence, en su afán de anular las elecciones de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden, con el vergonzoso ataque contra el Congreso del 6 de enero de 2021.

¿Por qué la Corte Suprema emitió estos fallos en forma casi simultánea? Porque a finales de junio, antes del receso de verano, suele expedirse sobre las causas que analiza durante el año. La derogación del aborto, anticipada en mayo por la filtración a la prensa del dictamen del juez Samuel Alito, sacudió a los norteamericanos un día después de la anulación de la ley que limitaba la tenencia de armas en la vía pública en Nueva York. Leyes similares rigen en los Estados de California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island. La Ley Sullivan, de Nueva York, fue sancionada en 1911.

Tres días después de la masacre de Uvalde, a 450 kilómetros, el gobernador del mismo Estado, Texas, Greg Abbott, participó en compañía de Trump de la convención anual de la NRA en Houston
El fallo coincidió con el debate sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, redactada en 1791. Consagra “el derecho del pueblo a poseer y portar armas” para integrar una “milicia bien regulada”. La milicia bien regulada data de los tiempos en que Samuel Colt y Oliver Winchester revolucionaron el negocio de las armas con el tambor giratorio de los revólveres y la palanca de los fusiles para recargarlos en forma manual. Eran civiles, no militares, los defensores de su hacienda y su ganado, así como aquellos que se resistieron a balazos contra los británicos cuando quisieron cobrarles impuestos por los territorios que habían conquistado.

La cultura de las armas, a la cual Estados Unidos debe su independencia, se convirtió en un lobby administrado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, sus siglas en inglés). En el país hay más armas en circulación que personas: 390 millones. Un rifle de asalto AR-15, versión civil del fusil militar M-16, cuesta menos que un iPhone. Algo así como 500 dólares. Lo utilizaron los atacantes de la escuela de Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos maestras el 24 de mayo, y del supermercado de Buffalo, Nueva York, donde murieron 10 afroamericanos el 14 de ese mes. Ambos tenían 18 años de edad. Habían comprado las armas en forma legal.

Tres días después de la masacre de Uvalde, a 450 kilómetros, el gobernador del mismo Estado, Texas, Greg Abbott, participó en compañía de Trump de la convención anual de la NRA en Houston. Como si nada. Y como si nada concluyeron que los docentes debían ir armados para repeler a tiros a los eventuales atacantes. Como si nada, también, la Corte Suprema convalidó la compra y la portación de armas. Sólo en 2020 más de 45.000 personas murieron por heridas de bala, incluidos los homicidios y los suicidios. Un grupo de senadores demócratas y republicanos acordó una ley para revisar los antecedentes de los compradores. No mucho más.

El 61 por ciento de los norteamericanos cree que el aborto debe ser legal, según una encuesta de The Pew Reserch Center divulgada en mayo
La conmoción por la sentencia judicial sobre las armas, posterior a la del financiamiento estatal de las escuelas religiosas, dio paso a otra. La del giro histórico sobre el aborto, permitido por cada Estado en virtud del fallo Roe contra Wade, de 1973, y de otra resolución de 1992, Paternidad planificada contra Casey. Los Estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur adoptaron de inmediato la decisión. Otros, como Idaho, Misuri, Tennnessee y Texas, se dieron un plazo de 30 días para que entre en vigor. “Este fallo demuestra lo dividido que está Estados Unidos”, me dijo la periodista Aurora Losada desde Houston.

El 61 por ciento de los norteamericanos cree que el aborto debe ser legal, según una encuesta de The Pew Reserch Center divulgada en mayo. Tanto ese veredicto como los otros ponen en duda la independencia de la Corte Suprema a raíz de su cercanía a las posturas políticas y de su distancia de la sociedad. O, en todo caso, reflejan la polarización, como si dos países convivieran en un solo territorio. Desde 2020, dice la Universidad de Chicago, las decisiones se inclinaron más hacia los conceptos religiosos que hacia las libertades individuales. De los 18 jueces confirmados desde 1969, 14 fueron nominados por presidentes republicanos y apenas cuatro por demócratas.

El cuchillo va a la derecha.