En medio de fuertes debates y de una maratónica reunión, los líderes de la mayor parte de los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo fiscal para intentar enfrentar la crisis financiera internacional que sacude con particular crudeza al bloque. Sin embargo, el pacto –que recién sería firmado en marzo- nace rengo: lo suscribieron los 17 países de la zona Euro y otras seis naciones europeas, fue rechazado por Gran Bretaña, mientras que Suecia, Hungría y República Checa aún no tomaron una decisión definitiva.




Así, el pacto fiscal propuesto por Alemania y Francia –que implica nuevos ajustes en la mayor parte del bloque, un mayor poder de policía económica para Bruselas y el rechazo a las quitas de deuda con bonos que estén en manos de acreedores privados- se traducirá en un tratado intergubernamental.




El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, reconoció que "fue imposible lograr unanimidad". El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, defendió su negativa, que hizo fracasar el consenso: "Fue una decisión difícil pero es la correcta (porque) lo que se propuso no está acorde a los intereses de Reino Unido". Igual, la canciller alemana, Angela Merkel, defendió la solución intermedia de un acuerdo de 23 y aseguró que la decisión fue "en beneficio del euro" y que no debían hacer compromisos "irresponsables" con Londres sino aprobar "reglas más duras".




El nuevo acuerdo, de todos modos, todavía es preliminar, ya que será elaborado de aquí hasta marzo próximo. Al margen del rechazo de Gran Bretaña, Hungría, Suecia y República Checa señalaron que deberán consultar primero con los respectivos parlamentos.




Según señaló el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el nuevo acuerdo incorporará "la totalidad" de las propuesta francoalemana, centrándose en la disciplina presupuestaria, el freno a la deuda y el castigo automático para quienes no cumplan.




Básicamente, la parte del acuerdo aceptada por 23 de los 27 países implica un pacto fiscal para estimular la disciplina presupuestaria. Prevé un déficit "estructural anual" en los países firmantes del 0,5% del Producto Interno Bruto (PBI) y deja la definición del calendario para llegar a esa meta en manos de Bruselas, que, además, podrá pedir la revisión de los presupuestos nacionales en caso de que estos no se ajusten a las reglas del pacto fiscal. Los Estados cuyo déficit exceda el techo del 3% del PIB o del 60% de deuda, serán sancionados automáticamente por la Comisión Europea salvo que "una mayoría cualificada" de estados de la eurozona se opongan.




El acuerdo, además, establece que no se volverá a pedir al sector privado que comparta costos en caso de un impago parcial o total de deuda. Es decir que no debería haber nuevas renegociaciones de deuda con quita como fue el caso de Grecia, tratado como un caso "único y excepcional".




Lo que sí acordaron los 27 países de la UE fue que sus bancos centrales aporten 200.000 millones de euros al FMI, para reforzar la capacidad de asistencia del organismo a las naciones europeas en problemas. Al mismo tiempo, se adelantará en un año, para julio de 2012, la puesta en marcha del Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEDE) y se mantendrá el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) hasta mediados del 2013. Entre los dos, tendrán una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros.




El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, defendió que el pacto llegue como un acuerdo intergubernamental y no como una más radical modificación de los tratados de la Unión. "La velocidad es importante para ser creíbles. Y los acuerdos entre gobiernos pueden adoptarse más rápidamente", argumentó.




Tanto el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, como la directora del FMI, Christine Lagarde, alabaron el acuerdo.