El gobierno de Rajoy está en alerta y a la espera de que el presidente catalán, Artur Mas, convoque oficialmente la consulta.

La mayoría de los municipios de Cataluña presionan a favor de la celebración de la consulta soberanista, mientras el gobierno español de Mariano Rajoy se encuentra en alerta y a la espera de que el presidente catalán, Artur Mas, convoque oficialmente el referéndum del próximo 9 de noviembre. 

El Ayuntamiento de Barcelona fue el primero en aprobar una moción de apoyo al referéndum independentista, que será respaldada a lo largo de esta semana por más de 600 municipios catalanes, que suman dos tercios del total y representan a cinco millones de habitantes.

La iniciativa pretende "tensar todavía más la situación" y "obligar" al gobierno de Mariano Rajoy a abrir "nuevas vías de diálogo", explicaron en conferencia de prensa los presidentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Vila d'Abadal.

El desafío soberanista catalán entró en una nueva etapa el pasado viernes después de que el Parlamento regional aprobó una Ley de Consultas que Artur Mas pretende utilizar para convocar el referéndum del 9 de noviembre.

Como parte de un guión ya conocido, el gobierno nacional del conservador Partido Popular (PP), que rechaza el referéndum por ilegal, está a la espera de que esa norma se publique en el Boletín oficial de Cataluña para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Mas no aclaró aún cuándo convocará la consulta, aunque asegura que lo hará "en los próximos días".

El presidente regional podría firmar el decreto de convocatoria antes de que el gobierno español apele al Constitucional, aunque si se admite a trámite el recurso tanto la ley como la decisión de Mas quedarán en suspenso.

Con el referéndum de Escocia -que rechazó la independencia- como telón de fondo, Mas instó a Rajoy a tomar como ejemplo al primer ministro británico, David Cameron, y no bloquear la consulta catalana.

En el caso de Escocia, el referéndum se llevó acabo tras un acuerdo entre el gobierno escocés y el gobierno británico, y ambas partes se comprometieron a aceptar el resultado.

Sin embargo, el Ejecutivo español se muestra inflexible ante la posibilidad de negociar algo similar e insiste en que la consulta catalana no se celebrará porque en las actuales circunstancias es inconstitucional.

El Ejecutivo "ha dejado bien claro que tanto la Ley de Consultas como la hipotética convocatoria de un referéndum serán objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional", reiteró hoy la Secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Algunos han tomado por su mano el derecho a romper lo que es de todos. Y lo que es de todos es la soberanía nacional y el derecho que todos tenemos a decidir sobre el todo y sobre una parte del todo que integra el todo. En este caso, nuestro país, España", dijo.

Cospedal reiteró que "Escocia y Cataluña son dos temas completamente distintos, tan distintos como que en el caso escocés se trata de distintos reinos que en su día dieron lugar a un Reino Unido y que se pretendía en su caso tomar una decisión de acuerdo con la legalidad vigente en el Reino Unido".

Además, señaló que la victoria del "No" en Escocia puso de manifiesto que "los únicos rupturistas que quedan ya en Europa son los independentistas catalanes".

Incluso, al comparar ambos conflictos destacó que "el grado de autonomía y de autogobierno que tienen las comunidades autónomas" de España es muy "superior al lugar al que se quiere llegar en el proceso que se abre en el Reino Unido".

Tras el rechazo escocés a la independencia (55% a 45%) y luego de prometer más poderes a Escocia si ganaba el "No", Cameron prometió una reformar en profundidad y otorgar mayor autogobierno tanto a los escoceses como al resto de naciones que conforman el Reino Unido.

En el caso de España, el gobierno central no sólo rechaza el referéndum catalán sino que tampoco está dispuesto a realizar ninguna otra reforma para satisfacer las aspiraciones de Cataluña.

En ese sentido, la número dos del PP criticó la propuesta de reforma federal de la Constitución que hizo el líder socialista Pedro Sánchez, quien con esa iniciativa busca "encausar" el conflicto entre Cataluña y el Estado español.

"Si lo que propone el señor Sánchez para aquellos que incumplen la Constitución es hacerles una Constitución y cambiarla a medida, no me parece a mí el argumento más acertado y más oportuno para un partido que aspira a gobernar en España", señaló.

Mas aseguró en reiteradas ocasiones que no hará nada fuera de la ley, por lo que todo apunta a que convocará el referéndum al amparo de la norma antes de una eventual impugnación.

La incógnita es saber qué hará después, si sacará o no las urnas a las calles una vez que el Constitucional tome una decisión al respecto.