Cuatro intendentes de ciudades pampeanas fueron imputados por tolerar y proteger prostíbulos en los que se sospecha hay personas víctimas de trata, con la supuesta anuencia de jueces de paz, funcionarios municipales y policías, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal federal Juan José Baric pidió la indagatoria del intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, a quien le imputó la "participación necesaria" en el delito de trata de personas, figura penal con la que también acusó al jefe comunal de Lonquimay, Luis Enrique Rogers.

Asimismo, acusó a los intendentes Jorge Cabak, de Macachín, y Elena García, de General Acha, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", ante la sospecha de que omitieron denunciar y perseguir a personas presuntamente vinculadas a redes de explotación sexual.

El fiscal Baric advirtió que Bravo también afronta una condena a siete meses de prisión en suspenso por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en relación con casos de trata de personas, aunque la sentencia no está firme por una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre Rogers, el representante del Ministerio Público recordó que también está procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero apeló la medida ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, que es el tribunal de alzada de la justicia federal pampeana.

Rogers cobró notoriedad pública en 2009, cuando ante un cuestionamiento sobre la existencia de prostíbulos en su distrito dijo: "No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención para los jóvenes, es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros".

El pedido de indagatoria para el intendente Bravo fue remitido a la jueza federal subrogante de Santa Rosa, único juzgado federal de La Pampa, Iara Silvestre, quien aún no se pronunció.

Silvestre era la secretaria penal del juzgado y asumió en forma interina cuando el cargo quedó vacante.

La jueza es la misma que en mayo procesó al intendente Rogers por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a raíz de un caso que comprendió a tres mujeres salteñas ocurrido en un prostíbulo que funcionaba en la entrada a Lonquimay.

El procesamiento alcanzó también al comisario Carlos Alanís y al propietario del lugar, Eduardo Mauricio Fernández.

En 2013 tuvo resonancia nacional el caso del intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue destituido por el Concejo Deliberante luego de ser detenido por algunas horas cuando se encontraba en una vivienda utilizada como prostíbulo.

Villalba estuvo bajo sospecha de haber facilitado el traslado de tres mujeres desde Jujuy a Salta y de tener vínculos con redes de trata.

El intendente negó esas acusaciones y aseguró que al momento de ser detenido se encontraba en una casa "particular" y que ignoraba que se trataba de un prostíbulo.