En los países serios, democráticos y republicanos, todos son iguales ante la ley. En Argentina, todos somos iguales ante Cristina. Porque ella es la ley. Dijo que en el 2015 quiere ser jueza pero ahora es la ley. Es juez y parte. Desde la cima del poder la presidenta persigue con el aparato del estado a toda persona que tenga la osadía de opinar distinto.
 
En eso, Cristina es democrática. Persecución pareja para todos y todas. Si no somos esclavos, todos somos enemigos de Cristina. Puede ser un empresario inmobiliario, un abuelito que le quiere regalar 10 dólares a su nieto, un director de cine como Eliseo Subiela o el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cristina es generosa con sus aprietes.

A nadie se le niega un carpetazo. Es casi una costumbre ancestral del kirchnerismo. En Santa Cruz se cansaron de cepillar opositores con esos métodos extorsivos. Las operaciones para erosionar la credibilidad de sus adversarios también estuvieron a la orden del día en esta última década. Y aquí tampoco andan con matices ideológicos. Son pluralistas para armar mentiras, difundirlas a través de para periodistas del oligopolio K y utilizar como látigo los organismos del estado como la AFIP y los servicios de inteligencia. Todo vale. No hay límites para la voracidad de poder de Cristina.

Le tocó sufrirlo a radicales como Enrique Olivera, a peronistas disidentes como Francisco de Narváez, a dirigentes de centro izquierda como el senador Luis Juez o a periodistas de investigación como Luis Majul, entre otros. En todos los casos la metodología fue la misma. Inventaron evasiones o cuentas secretas que periodistas cómplices se encargaron de amplificar sabiendo que eran falsas. Real Malicia, que le dicen. Uno de ellos fue Horacio Verbitsky pero hubo varios loritos que repetían lo que le dictaban de la Casa Rosada y ni siquiera entendían de lo que estaban diciendo.

Esas amenazas estatales, por lo general, fueron antes de una elección o después de una denuncia de corrupción fuerte que involucraba al matrimonio presidencial. Una vez que bajó el polvo de la explosión y después de haber manchado la honorabilidad de las personas, la justicia se encargó de probar en todos estos casos que no había nada. Que eran todas falsedades fogoneadas desde el corazón del poder.

Por eso en algunos casos la tortilla se dio vuelta y ahora son investigados los agentes de la AFIP que participaron de las maniobras ilícitas. La lógica es siempre igual. Prender el ventilador y ensuciar. Después, Dios dirá. Ahora es el turno de Ricardo Lorenzetti, de su familia y de uno de sus funcionarios más cercanos. Hoy los diarios que subsidia y edita Cristina publican que el presidente de la Corte Suprema tendría (así en potencial) una cuenta secreta en Suiza que no declaró. Hay que guardar esos recortes y esperar el final de esto. Si es cierto, Lorenzetti debería ser destituído en forma inmediata.

Pero si es una mentira K como tantas mentiras, los funcionarios que dibujaron las falacias deberían ir presos por alzarse contra la Corte Suprema que falló en contra de los intereses de Cristina. La señal hacia la sociedad es brutal. Todos se preguntan que podría pasar con ciudadanos comunes si esto le pasa al presidente de la Corte. Son señales que meten miedo, que paralizan. Gerardo Milman, el diputado del GEN, dijo que han convertido la AFIP en una Gestapo al servicio de los jerarcas del kirchnerismo. Porque además de conspirar contra opositores aprovechan para encubrir a su gente tal como hace la mafia. Majul contó de qué manera un grupo de especialistas impositivos de la AFIP se pasaron días dibujando la declaración de Nestor junto a su contador para emprolijarla un poco y ocultar lo inocultable. Lázaro Báez, Amado Boudou, Ricardo Jaime, jamás fueron molestados por la AFIP.

Se están superando todos los límites. Cristina huye hacia adelante porque teme que el futuro la encuentre recorriendo los tribunales. Ella lidera el ataque contra el jefe de otro poder del estado. Ya estamos cansados de escuchar que el gobierno no se va a animar a tanto y finalmente se anima. Y redobla la apuesta. Desafía al estado de derecho. Lo pone bajo la suela de su zapato. Vivimos bajo coacción agravada que es un delito que tiene penas de 5 a 10 años de prisión.

Es muy grave y peligroso que la presidenta no respete la división de poderes y pisotee las instituciones republicanas. Vivimos un “Cristinato”, donde la presidenta va por todo y quiere ejercer la suma del poder público. Es el reino del autoritarismo, el reino de la arbitrariedad y los aprietes. Es el reino de la reina.