En Italia ha surgido un significativo escándalo relacionado con el robo de datos que afecta a diversas instituciones y figuras prominentes del ámbito político y económico, tanto a nivel nacional como internacional. La investigación judicial ha revelado que se trata de un caso de gran envergadura que podría tener implicaciones serias para la integridad de la democracia, dado el potencial uso indebido de los datos sustraídos. Provisionalmente, se bloqueó el uso de Chat GPT en el país.

Las pesquisas apuntan a que la información robada ha sido adquirida por entidades de carácter cuestionable, incluidas agencias de espionaje extranjeras y organizaciones criminales. A cargo de la investigación se encuentra el fiscal milanés Marcelo Viola, quien colabora con otros magistrados, así como con el fiscal nacional anti-mafia de Italia, Giovanni Melilo, quien ha calificado la situación como "extremadamente alarmante".

El fiscal Viola ha indicado que los datos sustraídos eran utilizados por "clientes" que incluían estudios jurídicos y importantes empresas tanto italianas como extranjeras. De acuerdo con las interceptaciones filtradas, se estima que la organización delictiva detrás de este tráfico de información gestionaba alrededor de 800,000 informes robados de las bases de datos del ministerio del Interior, obtenidos mediante la intervención de hackers especializados en la penetración de sistemas informáticos. Entre los detenidos se encuentran personalidades de relevancia, como Enrico Pazzali, presidente de la Feria de Milán; Carmine Giallo, un policía retirado que se encuentra bajo arresto domiciliario; y Samuele Calamuci, un hacker involucrado en el caso.

El número total de individuos investigados podría ascender a sesenta, en su mayoría pertenecientes al ámbito de la informática. Los cargos que se les imputan incluyen asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y revelación de secretos. La primera ministra Giorgia Meloni ha denunciado un posible complot en su contra, señalando la violación de su cuenta bancaria, así como la de su hermana. La investigación también ha revelado que los delincuentes poseían al menos una copia de documentos relacionados con el presidente de Italia.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que todos están en riesgo debido al interés en acceder a la información de figuras políticas de alto perfil. Nordio ha indicado que la estrategia de penetración ha tenido repercusiones negativas incluso para los mismos delincuentes, e instó a la necesidad de alinear la legislación con las tecnologías utilizadas por los criminales. Según su evaluación, los esfuerzos deben enfocarse en reforzar la legislación para prevenir el uso malintencionado de la tecnología.

Por su parte, el fiscal Viola ha destacado que el área económica y empresarial parece ser el foco principal de la investigación hasta el momento, sin que se hayan detectado emergencias significativas en el ámbito político. Recientemente, se han tomado seis nuevas medidas cautelares, entre las que se encuentra Leonardo María del Vecchio, uno de los propietarios de Luxottica, y Matteo Arppe, una figura conocida en el sector bancario y financiero.

La pesquisa también involucra a ex-empleados de la sociedad de investigación SKP de Milán. Según un informe de los Carabineros, se ha determinado que las empresas asociadas a los hackers generaron ingresos por 3,1 millones de euros, principalmente a través de la empresa Equalize. El diario “Corriere della Sera” ha documentado que Equalize se ha encargado de disimular la procedencia ilícita de los datos, presentando una justificación lícita sobre los ingresos obtenidos por la venta de informes a sus clientes. Calamucci, un hacker implicado, ha comentado que su objetivo es "motivar la noticia" para que "salga un informe sano y nutriente".