Sancionaron una ley para que funcionarios bonaerenses sólo vuelen por Aerolineas y Austral
"Tenemos que avanzar con estas iniciativas que ayudan a consolidar el proceso de recuperación de la aerolínea de bandera", afirmó el diputado César Valicenti de FpV.
La iniciativa, del diputado del Frente para la Victoria César Valicenti determina que “sólo de manera excepcional y justificada por su máxima autoridad las entidades podrán apartarse del cumplimiento de la ley”.
El legislador de La Cámpora explicó que "desde la Legislatura provincial tenemos que avanzar con estas iniciativas que ayudan a consolidar el proceso de recuperación y fortalecimiento de nuestra línea de bandera”.
“Que los agentes provinciales tengan como prioridad el uso de este servicio frente a los de la competencia, a través de una ley, es una manera de acompañar desde la Provincia con el rumbo de que asumió la Argentina desde el 2003", finalizó.
Entre los fundamentos de la iniciativa, se destaca que “las políticas que se llevan adelante desde las entidades y jurisdicciones pertenecientes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires deben tender a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos a nivel provincial como así también colaborar con estos principios a nivel nacional, contribuyendo de esta manera a la realización del interés general, cuya gestión incumbe al Estado”.
“Siendo que la contratación entre entidades públicas tiende al cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos públicos con miras a la realización del bienestar general, resulta conveniente proponer que el Estado Provincial contrate preferentemente con entidades que revistan naturaleza pública”, se agrega.
Luego, se recuerda el Estado nacional es "propietario de un 99,41% de las acciones correspondientes a Aerolíneas Argentinas y en un 98,12 % de la empresa Austral”.
Se sostiene además que “resulta necesario establecer la contratación con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para todos aquellos traslados de agentes, funcionarios y otros empleados contratados por otras modalidades, así como aquellos traslados que se financien con fondos públicos”.
“Mediante esta implementación se favorece, por otra parte, el estado financiero de estas empresas cuya orientación principal es la realización del bienestar general”, finaliza.