Las manchas de sangre halladas en la camioneta del único detenido por el crimen de su ex pareja, Paola Acosta, cuya hija de dos meses sobrevivió tres días junto a su cadáver tirado en una alcantarilla, el mes pasado en la capital cordobesa, pertenecía a la víctima, informó hoy el abogado del acusado.

Sebastián Maccari Gaido, defensor del imputado Gonzalo Lizarralde (33), explicó a la prensa que en la últimas horas se conocieron los resultados de una serie de peritajes genéticos sobre los rastros levantados del mencionado vehículo.

Según el letrado, las manchas de sangre de la camioneta de Lizarralde -quien se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de Bouwer- pertenecen "a Acosta".

"Desde el punto de vista técnico-jurídico de esta defensa, es una prueba más. No lo compromete más ni menos", opinó el defensor respecto del resultado del peritaje y señaló que probará que los rastros analizados "fueron introducidos en la camioneta utilitaria" para atribuirle el crimen a Lizarralde.

La semana pasada, la fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 3, Eve Flores, dispuso la prisión preventiva de Lizarralde por considerarlo "probable autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por la relación de ex pareja de la víctima mediando violencia de género y alevosía" en perjuicio de Acosta (36).

Además, la fiscal le imputó al sospechoso "tentativa de homicidio calificado por el vínculo contra una niña mediando violencia de género y alevosía" de Martina, la hija que tenía con la víctima.

El cadáver de Acosta fue encontrado la madrugada del 21 de septiembre en una alcantarilla del barrio Alto Alberdi, en el oeste de la ciudad de Córdoba, y su pequeña hija estaba a su lado.

Madre e hija habían desaparecido cuatro días antes, alrededor de las 22.30, cuando salieron del departamento situado en Martín García al 200, de barrio San Martín, donde vivían junto a otros dos hijos adolescentes de la mujer.

En esa oportunidad, Acosta salió a recibir a Lizarralde para que viera a su hija y esa fue la última vez que la vieron con vida.

Según la investigación, el acusado iba a conocer a la niña y, además, tenía que pagar la cuota alimentaria de 1.400 pesos que se había fijado por orden judicial, ya que al negar su paternidad se había iniciado una causa que terminó en un análisis de ADN que confirmó que era el padre de Martina.